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El control de las medidas disciplinarias de expulsión y cancelación de matrícula en los establecimientos educacionales subvencionados

Por Daniel Silva Horta

*Mediante el Dictamen Nº 473 de fecha 5 de enero de 2018, la Contraloría General de la República limitó las potestades de la Superintendencia de Educación relativas al control de la aplicación de las medidas disciplinarias de expulsión y cancelación de matrícula en establecimientos educacionales subvencionados. Este nuevo criterio jurisprudencial genera algunas interrogantes respecto al rol de la Superintendencia de Educación en la protección del derecho a la educación de los estudiantes.

En fecha 8 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.845, sobre inclusión escolar, la cual realizó profundas transformaciones a la normativa educacional chilena, a través de la instauración de un nuevo sistema de admisión, el fin gradual al financiamiento compartido, y la prohibición del lucro con las subvenciones educacionales.

 

No obstante lo anterior, entre las diversas modificaciones efectuadas a la legislación educacional, en materia disciplinaria destaca la del artículo 6º letra d) del  DFL Nº 2 de 1998  del Ministerio de Educación (sobre subvenciones educacionales), en lo relativo a la aplicación de las medidas disciplinarias de expulsión y cancelación de matrícula.

 

En síntesis, en cuanto a las medidas disciplinarias indicadas, las nuevas disposiciones legales establecen (1) que solamente pueden aplicarse cuando sus causales se encuentren claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y además afecten gravemente la convivencia escolar; y  (2) que su aplicación debe ajustarse al procedimiento contemplado en el artículo 6º letra d) del DFL Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación.

 

En concordancia con lo anterior, cabe señalar que el nuevo procedimiento contemplado en el artículo 6º letra d) de la norma citada, contiene en resumen las siguientes etapas: (1) decisión del Director del establecimiento educacional de aplicar la medida disciplinaria de expulsión o cancelación de matrícula; (2) notificación por escrito de la decisión y sus fundamentos al afectado; (3) posibilidad del afectado de interponer solicitud de reconsideración dentro del plazo de 15 días a contar de la notificación de la medida disciplinaria; (4) resolución de la solicitud de reconsideración por parte del Director del establecimiento educacional, previa consulta al Consejo de Profesores; (5) comunicación por parte del Director del establecimiento educacional a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación respecto de la medida disciplinaria aplicada; y (6) pronunciamiento de la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación sobre la legalidad del procedimiento aplicado por el establecimiento educacional para la aplicación de la medida disciplinaria.

 

Como es posible observar, en el caso de la aplicación de las medidas disciplinarias de expulsión o cancelación de matrícula, el Director del establecimiento educacional deberá informar a la Superintendencia de Educación, la cual se pronunciará sobre la legalidad de la forma o procedimiento a través del cual se aplicó la medida disciplinaria.

 

En este contexto jurídico, surgió en las comunidades educativas la interrogante relativa a si era requisito para la aplicación de las medidas disciplinarias de expulsión o cancelación de matrícula, que la Superintendencia de Educación declare previamente la legalidad del procedimiento aplicado. Al respecto, la Superintendencia de Educación sostuvo de manera uniforme que la aplicación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula requerían previamente que la mencionada Superintendencia declare la legalidad del procedimiento utilizado por el establecimiento educacional, razón por la cual los efectos jurídicos de la medida disciplinaria aplicada por el establecimiento se encontraban suspendidos hasta la emisión del indicado pronunciamiento.

 

Sin duda, la interpretación de la Superintendencia de Educación era útil para efectos de cautelar que los estudiantes no vean afectado su derecho a la educación por medidas disciplinarias aplicadas de manera ilegal por parte de los establecimientos educacionales. Sin embargo, como contrapartida generaba un periodo de incertidumbre académica en que el estudiante y el establecimiento educacional se encontraban sin certeza respecto a si finalmente se aplicaría o no la sanción.

 

La Contraloría General de la República fue de una opinión contraria. En efecto, con motivo de una reclamación interpuesta por la Sociedad de Instrucción Primaria en contra de la Superintendencia de Educación, mediante el reciente Dictamen Nº 473 de fecha 5 de enero de 2018, el Organismo Contralor se pronunció sobre esta materia.

 

En el mencionado Dictamen, Contraloría acogió la reclamación formulada en contra de la Superintendencia de Educación, afirmando que el control jurídico que el legislador ha encomendado a la indicada Superintendencia es un control de carácter posterior a la aplicación de la medida disciplinaria, razón por la cual no procede que ésta se pronuncie de forma previa, aceptando o rechazando su ejecución. Es decir, conforme a la interpretación efectuada por Contraloría, los establecimientos educacionales subvencionados no requieren esperar el pronunciamiento de la Superintendencia de Educación para aplicar las sanciones de expulsión y cancelación de matrícula.

 

Asimismo, el dictamen agrega que en caso de que en el marco de la revisión a posteriori que debe realizar la Superintendencia de Educación se detecten infracciones a la normativa educacional, el indicado Organismo podrá iniciar un procedimiento administrativo en contra del establecimiento educacional, por infracción al artículo 6º letra d) del DFL 2 de 1998 del Ministerio de Educación, lo cual constituye una infracción de carácter grave.

 

Como es posible observar, la interpretación efectuada por Contraloría realiza una importante precisión respecto de las atribuciones de la Superintendencia de Educación, distinguiendo entre (1) la aplicación de la medida disciplinaria y (2) la responsabilidad del sostenedor por la aplicación de la medida disciplinaria. En este sentido, Contraloría refuerza la autonomía de los establecimientos educacionales en la aplicación de las medidas disciplinarias, rechazando que el artículo 6º letra d) del DFL 2 de 1998 del Ministerio de Educación contenga una potestad de la Superintendencia de Educación para suspender o dejar sin efecto la ejecución de la medida aplicada.

 

El criterio del Organismo Contralor implicará entonces que (1) las medidas disciplinarias de expulsión y cancelación de matrícula podrán ser aplicadas por los establecimientos educacionales sin necesidad de esperar el pronunciamiento de la Superintendencia de Educación; (2) en caso de que la Superintendencia se pronuncie declarando la ilegalidad  del procedimiento, dicha declaración no implicará para el establecimiento una obligación de reintegrar al estudiante; y (3) si se declara que el procedimiento fue contrario a derecho la Superintendencia podrá sancionar al sostenedor del establecimiento educacional.

 

Como ha quedado de manifiesto, la forma en que Contraloría General de la República ha interpretado las atribuciones de la Superintendencia de Educación, deja planteadas algunas interrogantes en relación a la eficacia del pronunciamiento de la Superintendencia de Educación como mecanismo de protección del derecho a la educación de los estudiantes, frente a la aplicación de las medidas disciplinarias de expulsión y cancelación de matrícula. Del mismo modo, parece necesario reflexionar si resulta socialmente conveniente la existencia de una instancia en sede administrativa y externa al establecimiento educacional, que cuente con atribuciones para suspender la ejecución  de las medidas disciplinarias y/o dejarlas sin efecto.

Publicado: 2018-01-19
Daniel Silva Horta
Estudiante del Doctorado en Derecho UACh