¿Fin del lucro en la educación superior o fin de una política del laissez faire?
A comienzos del mes de junio tuve la oportunidad de recorrer algunas ciudades y plazas españolas y presenciar las protestas y movilizaciones de los denominados “indignados”. De vuelta en el país me he encontrado con miles de jóvenes que salen a las calles exigiendo mejoras en la educación básica y superior. De pronto parecía estar en París de Mayo del `68.
Pero así como Mayo del `68 no dejó más legado que una memorable fiesta callejera de sexo, drogas y rock and roll, donde se permitió por unos días soñar con ser libres como hojas que vuelan impulsadas por una suave brisa primaveral, todo vaticina que el movimiento de los “indignados” dejará un legado de una trascendencia similar.
Y en Chile parece que no estamos tan lejos de París ni de Madrid. Todo ello dado por las peticiones de los estudiantes. Parece escucharse decir a los estudiantes en Santiago como en Valdivia “prohibido prohibir” o “pidamos lo imposible”. Pero como se trata de problemas reales de la sociedad chilena, especialmente en materia de educación, es necesario aterrizar la queja estudiantil, ponderarla y encauzarla hacia la decisión política real.
Entre las peticiones de los estudiantes chilenos está el fin del lucro en la educación. Este es uno de los slogans principales de estas movilizaciones.
No voy a discutir el punto respecto de la educación básica, que conozco menos. Sin embargo, quiero analizar el punto en materia de educación superior. Sin duda, tras la petición del fin del lucro en la educación está presente una molestia ciudadana por el fraude a la Ley de Educación que se produce día a día. Todos hemos tolerado, en mayor o menor medida, desde hace casi 30 años, que la mayoría de las universidades privadas que no están en el Consejo de Rectores hagan negocio con la educación superior. El truco es conocido por todos. El dinero se obtiene vía sociedades inmobiliarias y de servicios a las que las universidades pagan por la utilización de los bienes inmuebles y servicios. La universidad no reparte utilidades pero sí las sociedades a sus socios. Obviamente los que controlan la universidad y las sociedades son los mismos. Ello es un fraude que la sociedad chilena, con justa razón, parece no tolerar más.
Se trata de lo mismo que pasaba años atrás con el fraude de las nulidades matrimoniales. Llegó un momento en que la sociedad chilena exigió llamar a las cosas por su nombre y así se legisló creando la figura del divorcio.
Sin embargo, si bien es necesario terminar ahora mismo con este fraude a la ley, de ello no debe extraerse necesariamente que el lucro en la educación deba ser eliminado. Es decir, así como fuimos capaces de legislar validando la ruptura de las relaciones matrimoniales vía divorcio y no vía nulidades matrimoniales, ahora podríamos validar en la propia Ley de Educación que las universidades lucren con su actividad. Tendrían sí que organizarse como sociedades y no como corporaciones.
El lucro en la educación no es un problema central que necesita abordar la sociedad chilena. Lo central es que el Estado chileno y sus gobiernos tengan una política educacional clara y que esté basada en criterios de excelencia y equidad.
Una de las ideas que ha anunciado el actual Ministro de Educación consiste en dar un subsidio a los estudiantes (voucher) para que lleven ese dinero a la universidad en la que elijan estudiar. El problema no es el voucher sino donde puede ir a parar éste.
Los vouchers o cualquier tipo de ayuda estatal a las universidades privadas deberían ir solo a aquellas que están acreditadas. Llegó el momento de crear un sistema de acreditación universitaria obligatorio, por universidad y por carreras. Solo a aquellas universidades y carreras que estén acreditadas el Estado podría hacer traspaso de dineros. Da lo mismo que esa universidad persiga fines de lucro o no. Lo importante es que tenga una calidad mínima que permita estar acreditada por el Estado.
Si no hay acreditación el sistema termina favoreciendo a las universidades que tengan las mejores gerencias de marketing y el mayor gasto en publicidad. El joven con su voucher termina llevando el dinero público a la universidad que vio anunciada en un vagón del metro o en las gigantografías del último concierto de Shakira. El marketing y la publicidad son instrumentos demasiado potentes para confiarles la política educacional.
La pregunta es cómo determinar si una universidad debe estar acreditada o no. El tema es más o menos conocido. Una universidad es tal si hace docencia de pre y de postgrado, investigación y extensión. Si tiene profesores capacitados para hacer investigación, eso se determina exigiendo que en la planta de profesores de una carrera una proporción importante de ellos tenga el grado de doctor. Se necesita además que una proporción importante de ellos tenga un contrato de trabajo a jornada completa. Se necesita que esa universidad cuente con espacios físicos e instalaciones adecuadas y dignas para los estudiantes, administrativos y profesores. Todo ello puede ser determinado en metros cuadrados per cápita. En este punto es esencial que cuente con recursos bibliográficos al alcance de todos los estudiantes. Las carreras no pueden durar menos que un mínimo de años. Estas son algunas de las cuestiones mínimas que se le debe exigir a una universidad y carrera para estar acreditada.
Una propuesta de este tipo es más realista que una idea de educación exclusivamente estatal o sin fines de lucro, como exigen por las calles los estudiantes chilenos.
Ahora bien, la exigencia de acreditación no solo debería exigirse para las universidades y carreras privadas, sino que debe exigirse para todas, estatales o privadas, del Consejo de Rectores o no.
Y desde luego, como punto central de una política educacional, el Estado debe aumentar los dineros que dedica al sistema universitario en su conjunto, creando en primer lugar un gran fondo de becas para los estudiantes de escasos recursos.
Al laissez faire que existe en materia de educación superior debe anteponerse la política, la regulación y la fiscalización.
Profesor de Jurisdiccón - UACh
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