Reformas el sistema político

Una vieja frase, atribuida a Miguel de Cervantes y Saavedra, aconseja que una persona prudente no debe poner todos sus huevos en la misma cesta. Pues bien, pareciera que la Presidenta no siguió la sugerencia y, a propósito del discurso en el que anunciaba las conclusiones de la Comisión Anticorrupción, aprovechó la ocasión para lanzar el denominado “proceso constituyente”. Como era de esperar, el hecho generó las suspicacias de algunos y las expectativas de otros.

No es este el mejor lugar para realizar un análisis de política contingente, sin embargo, desde el punto de vista de la oportunidad tremenda para mejorar en el corto plazo nuestra democracia, la opción parece algo torpe. En este sentido, no es exagerado afirmar que por primera vez desde el restablecimiento de la democracia, todo el espectro político está bajo el escrutinio atento de la ciudadanía. Por otra parte, sorprende el enorme consenso que se produjo al interior de la mencionada Comisión en muchas de las medidas, a pesar de su integración variopinta. En síntesis, parecía que el camino estaba pavimentado para llevar a cabo las reformas que permitirán tratar las patologías de nuestra democracia representativa, como por ejemplo, transparentar el financiamiento de la política, excluir los conflictos de intereses del ejercicio de cargos públicos y democratizar la organización interna de los partidos políticos.

Desde luego, es una buena noticia que desde el Gobierno se fomente la realización de consultas, cabildos, debates y diálogos para preparar la nueva Constitución. Para quienes estamos por un diseño participativo de la institucionalidad política, no se puede sino valorar positivamente la iniciativa. Sin embargo, no se requiere ser un experto abogado constitucionalista para intuir que aquella será una discusión larga y complicada, y donde seguramente en muchos puntos no existirá consenso. Por lo mismo, es poco probable que todo este proceso pueda quedar concluido durante el actual periodo presidencial.

Además, si lo que se quiere es realmente recuperar la confianza de la ciudadanía y devolver al Congreso su legitimidad, quemar las naves parece una decisión apresurada. Desde esta perspectiva, lo sensato es que, primero todos los ilícitos se sancionen, y al mismo tiempo, se implementen varias de las medidas destinadas a depurar la actividad política que recomienda el informe de la Comisión. Todo ello se debe hacer de la forma más rápida y efectiva posible aprovechando el respaldo transversal con que cuentan muchas de ellas y que el ámbito a reformar es solo el perteneciente a la legalidad, que posee mayorías mucho más accesibles de alcanzar que la reforma constitucional. Finalmente, también ayudará a ello la reciente modificación del sistema electoral empleado para las elecciones parlamentarias, cuestión no menor que ha pasado casi desapercibida.

En suma, mezclar los dos aspectos no solo puede servir para quienes que solo han velado por sus intereses particulares en el ejercicio de la función pública puedan encontrar argumentos para mantener el statu quo, sino también contaminaría la discusión constitucional gruesa. Como lo dijo el mismo presidente de la Comisión, las medidas en su esencia no requieren abordar el debate constitucional. A esto, sin duda se podría agregar, que estas son absolutamente necesarias en cualquier contexto institucional, ya sea en el actual, como en el regido por una hipotética nueva Constitución.

Felipe Paredes Paredes
Profesor de Derecho Constitucional - UACh