Declaración Pública Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

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DECLARACIÓN PÚBLICA

 

 

Ante la denuncia que afecta a nuestra Universidad y las reacciones frente a ella, ampliamente difundidas en la última semana, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile desea comunicar su posición a la comunidad universitaria, regional y nacional:

1. Frente a la gravedad de los hechos denunciados, la afectación a la imagen institucional y las decisiones adoptadas por las autoridades y cuerpos colegiados, consideramos imprescindible abordar la materia desde las exigencias externas vinculadas con la probidad y la función pública a que está obligada la Universidad Austral de Chile como integrante del CRUCH y en relación con los fondos que recibe del Estado. La Universidad Austral es una universidad con vocación pública y debe serlo especialmente en momentos de crisis.

2. Respecto de la pretendida autonomía de la Contraloría de la Universidad Austral de Chile (Contraloría UACh) que ha fundado la decisión de que ella concentre la investigación, resulta imprescindible recordar que, según el Reglamento contenido en el DR Nº 333/2006, la Contraloría UACh es dependiente del Directorio en cuanto a la designación, remoción y supervigilancia del Contralor, según lo establecido en los artículos tercero, quinto y sexto del citado Reglamento:


«Artículo 3: El superior jerárquico de la Contraloría será el Contralor, quien será designado por el Directorio, previa presentación de una terna por el Rector de la Corporación

Artículo 5: El Contralor cesará en sus funciones sólo por renuncia, jubilación a los 65 años o remoción. La remoción del Contralor sólo procederá por decisión fundada del Directorio, debiendo aprobarla por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Artículo 6: En el ejercicio de sus funciones, el Contralor es autónomo respecto de cualquier autoridad, repartición, organismo o entidad de la Universidad, a excepción del Directorio, ante el cual responderá del fiel cumplimiento de sus obligaciones y de su desempeño funcionario.»

 

 

Las disposiciones anteriores, además de declarar explícitamente que el Contralor no es autónomo respecto del Directorio, muestran que la “autonomía del Contralor” no implica la suficiente independencia e imparcialidad para poder investigar adecuadamente y, eventualmente, sancionar muchos de los hechos denunciados. Conforme a nuestra propia institucionalidad, y de manera expresa, resulta que el Contralor es un trabajador sometido a la confianza y subordinación del Directorio.

3. Tampoco debería obviarse que la Contraloría UACh, a través de su Resolución Nº 07/2020, ha realizado un pronunciamiento que afecta su imparcialidad, porque no solo decidió instruir una investigación respecto de los hechos denunciados, sino también iniciar otra para determinar si acaso «la investigación realizada por el sindicato docente de la Universidad Austral de Chile se realizó dentro de los marcos de la legalidad vigente y de las disposiciones reglamentarias internas». Esto, junto con debilitar su necesaria imparcialidad, ha producido el contrasentido de investigar a quien ha realizado la denuncia en cumplimiento del Reglamento de Investigaciones Internas, a saber:

«Art. 3: Todo integrante de la Comunidad Universitaria tiene derecho a dirigirse a una autoridad para formular una denuncia y poner a disposición los antecedentes que estime convenientes para que el Rector o los Vicerrectores, en su caso, determinen la procedencia de la instrucción de una investigación conforme a las disposiciones que regula este Reglamento.»


4. Aun si la Contraloría UACh tuviera óptimos niveles de independencia e imparcialidad, ocurre que la gravedad y la complejidad de los hechos denunciados, junto con las calidades de las personas involucradas, determinan que, cualquiera sea el resultado de una investigación interna, esta no logrará satisfacer el estándar exigido por la opinión pública respecto del total esclarecimiento del conjunto de los hechos. En consecuencia, si se pretende descartar toda duda respecto de los hechos denunciados, resulta imprescindible que su investigación se realice de manera externa a la propia Corporación.

5. Nada en la reglamentación de la Universidad Austral se opone a que se puedan desarrollar auditorías o investigaciones externas; y respecto de las acusaciones que involucran al Directorio, a alguno de sus miembros y a la ejecución de sus decisiones, esta externalización resulta imperativa. Por tanto, sin perjuicio de las investigaciones internas que puedan llevarse a cabo, debe recordarse que la institucionalidad chilena cuenta con distintos órganos facultados para conocer y fiscalizar los hechos denunciados, tales como la Superintendencia de Educación Superior, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia. En el caso de la Contraloría General de la República la norma expresa del artículo 25 de la Ley Nº 10.336, la faculta para fiscalizar el uso de fondos públicos entregados a nuestra universidad (Dictamen CGR Nº 014923N17). Ninguna de estas vías excluye las investigaciones internas, sino que las complementan.

6. Independientemente del resultado de la investigación de los hechos denunciados, resulta urgente que la Universidad Austral de Chile desarrolle protocolos y una institucionalidad que prevenga, investigue y sancione las conductas relacionadas con la corrupción pública y entre privados. Una auditoría externa permitiría no solo investigar y establecer las bases para determinar sanciones de los hechos denunciados, en el caso de ser estos efectivos, sino que también aportaría los insumos necesarios para una futura política de prevención y sanción de la corrupción dentro de la Corporación. No debemos olvidar que la Universidad Austral de Chile administra recursos públicos, por lo que se debe exigir a esta un especial deber de cuidado a la hora de investigar hechos que comprometan el uso adecuado de estos, así como garantizar la necesaria no interferencia de las personas involucradas.

Terminamos esta declaración haciendo un llamado a esperar el esclarecimiento definitivo de los hechos denunciados, antes de prejuzgar sobre los mismos, y a cuidar el bienestar y el prestigio institucional al que nos debemos todos los miembros de la Comunidad Universitaria, especialmente, en el actual contexto de crisis sanitaria que nos aflige a todos y de dificultades económicas que afectan a muchos de nuestros y nuestras estudiantes.


Valdivia, 26 de junio de 2020.

Facultad de ciencias jurídicas y sociales, declaración pública

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