Aula Segura. La carreta delante de los bueyes como modelo de política pública
El actual y polémico proyecto de ley etiquetado por el gobierno como “Aula Segura” adolece de al menos un problema esencial analizado desde la perspectiva de las políticas públicas. Déficit que, a su vez, puede descomponerse en dos vectores. El primero de ellos es la inserción en la agenda pública de un “problema” al que urge buscarle una solución rápida y efectiva. Y la segunda mirada pivota en torno a que, fijado el problema que se pretende remediar, la solución dista mucho de resultar satisfactoria para resolver el problema establecido. Desde este enfoque, entonces, algo no cuadra.
Conocido es que a raíz de unos cuantos sucesos disruptivos violentos, provocados por un reducido grupo de jóvenes en unos cuantos establecimientos emblemáticos de la capital, el Gobierno encabezado por el Presidente Sebastián Piñera decidió tomar cartas en el asunto a través de una alternativa mediática. No es el objetivo de estas líneas comentar la proporcionalidad del mecanismo a utilizar en relación con sus receptores –una ley de la República para sancionar a un par de decenas de estudiantes- sino que me encargaré, brevemente, de otro problema que esta medida importa, y que se relaciona a su naturaleza de política pública.
En lo esencial, el proyecto que se encuentra ad portas de convertirse en ley, centra su atención en fortalecer las atribuciones de los directores de establecimientos educacionales cuando estudiantes comentan actos graves al interior de éstos. El texto dice más que esto último, pero aquella facultad es la que ha acaparado mayor atención ciudadana. Vemos entonces una alternativa sancionatoria para lo que el Gobierno estimó un problema de suma gravedad.
El breve análisis que aquí ofrezco proviene de la teoría de las políticas públicas. Muy a grosso modo, una política pública puede ser definida como cualquier respuesta proveniente desde la institucionalidad del Estado a una necesidad planteada por algún grupo humano perteneciente a aquel Estado. De esta manera, una política pública es un feedback, o lo que es lo mismo, una reacción a posteriori por parte del Estado a un problema social.
Desde esta perspectiva, surge la pregunta si los hechos de violencia que alarmaron al Gobierno son efectivamente un problema, en términos de ser constitutivos de atención por parte de una política pública. En mi opinión, la tesis gubernamental resulta ser falsa. Los hechos de violencia acaecidos en unos cuantos recintos educacionales no es un problema en los términos de ser meritorios de ser satisfechos a través de una política pública nueva. Más bien, todo parece indicar que el problema fue creado o exagerado por otro tipo de razones -como puede ser el populismo penal que caracteriza a los gobiernos de Sebastián Piñera- lo que es indicativo de una inversión u error lógico en tanto política pública: se crea un problema social por parte del Estado, al que luego se le encuentra una solución.
Si flexibilizamos el análisis, y concedemos que “aula segura” es una respuesta a una problemática previa, podemos preguntarnos luego si esta respuesta es adecuada para resolverla. Nuevamente, me parece que este proyecto puede ser objeto de fuertes críticas. ¿Es el punitivismo “administrativo” de los directores de los establecimientos educacionales una herramienta efectiva a los recientes sucesos de violencia? La evidencia de política criminal nos induce a concluir que no, debido a que existen una batería de normas penales, sobre todo de responsabilidad penal adolescente, que ya se hacen cargo de manera punitiva de hechos de violencia perpetrados por adolescentes. Esto por una parte, ya que hasta el momento, nadie desde el Estado ha estado demasiado interesado en pesquisar qué es lo que mueve las actitudes de estos jóvenes. Un descontento que, lisa y llanamente, se decidió a no ser oído.
Volviendo al enfoque de políticas públicas, resulta claro que, si el foco ha de colocarse en la violencia que ocurre en los establecimientos educacionales, el proyecto en comento olvida -o ignora dolosamente- algunas complicadas situaciones disfuncionales que sí ocurren de manera generalizada en muchos lugares del país. Varios actores relacionados han apuntado en la misma dirección, en particular grupos de profesores. Las frecuentes situaciones de bullying de la cual son víctimas muchos niños, niñas y adolescentes, en las que incluso han ocurrido la muerte de jóvenes por no contar con el suficiente respaldo de sus colegios, simplemente no aparecen en este nuevo proyecto. O la violencia producida por el consumo y tráfico de drogas en los recintos; o aquella proveniente de situaciones disruptivas de las familias de los jóvenes, tampoco son objeto de atención del que será un nuevo texto legal del Estado.
Por todo lo anterior, sostengo que la proclama sostenida por el gobierno, donde se dijo que los ataques con bombas molotov eran un tema nacional tan sensible y grave, y podríamos decir del mismo alcance que el sistema de pensiones, y que quien no estuviera de acuerdo con el proyecto “está del lado de los delincuentes”, no es sino una afirmación espuria. En los términos fijados por el Gobierno, parece ser que la alternativa es del todo o nada. De nuevo, no es que un problema público no deba ser resuelto por una política de Estado. Lo que debemos preguntarnos es si existe primero una dificultad a la que debamos encontrarle una solución. En “aula segura”, me parece que nada de ello ocurre, sino que levantó una ficción en clave de política pública que esconde otro tipo de objetivos políticos.
Cuando entre en vigor la nueva ley, algunos establecimientos emblemáticos tendrán el resguardo normativo para poder deshacerse de algunos estudiantes que terminarán su escolarización en algunos liceos de la periferia de la capital, lejos de la vista de las cámaras de televisión y donde otras formas muchas más habituales de violencia son parte de la cotidianeidad. Aunque esto no haya sido lo pretendido por el Gobierno, estas son las consecuencias de crear una política pública en que se invierte la lógica de actuación, y se antepone un “problema” a su solución. Esperemos que próximamente el tema vuelva a la palestra y agenda pública, pero para los auténticos problemas de violencia estudiantil sean abordados en toda su complejidad.
Cristóbal Herrera Morales
Profesor del Instituo de Derecho Público -UACh