La demanda por la vuelta del voto obligatorio y el derecho a ser elegido
Las elecciones primarias municipales que se realizaron recientemente dejaron varias heridas abiertas. La baja participación sirvió de excusa para reflotar el debate sobre si el sufragio debe ser voluntario u obligatorio. El establishment político entendió la baja participación como una amenaza a la preservación de su posición hegemónica, pese a que cualquier aproximación crítica sólo puede asociarla a la degeneración generalizada de la relación entre dicha elite política y la ciudadanía. Las elites partidarias, sin embargo, esgrimen en el discurso público que la baja participación se debería al carácter voluntario del voto, ¿cómo si existiera un sistema de primarias en el mundo que establezca el sufragio obligatorio?, y no, por ejemplo, a la baja adhesión que generarían los proyectos políticos de los partidos que participaban en la mencionada elección, todos miembros del establishment político.
Revivido el debate, el Gobierno descartó reponer el voto obligatorio por medio de un proyecto de ley y señaló que el proceso constituyente actualmente en marcha era la instancia indicada para discutir estas cuestiones. De hecho, en el encuentro auto-convocado que tuve la suerte de organizar, el retorno al voto obligatorio surgió espontáneamente entre las medidas institucionales que una nueva constitución debería abordar. Algunos parlamentarios, curiosamente varios de los campeones del voto voluntario, anunciaron que presentarían una moción para lograr dicho objetivo; otros anunciaron que propondrían un sistema de incentivos para atacar el problema de la baja participación sin reponer la obligatoriedad del voto. El debate, sin embargo, ya se ha tomado las tribunas de los medios de comunicación y, la verdad, es que lo ha hecho sin involucrar un debate más lúcido que el que precedió el reemplazo del voto obligatorio hace ya más de cinco años: en favor del voto voluntario, que se afectaría una libertad esencial de participar libremente; en favor del voto obligatorio, que falta cultura cívica y que la voluntariedad favorecen a un sector político.
Más allá de mi preferencia general por el voto obligatorio, basada en consideraciones políticas tanto de principio como estratégicas, la reflexión que me parece pertinente hacer en estos momentos, se relaciona con el carácter altamente imperfecto del régimen legal de la representación democrática en nuestro sistema político. Como el título de esta columna ya lo sugiere, el problema de la baja participación, a mi juicio, con la desafección entre elites políticas y ciudadanía y esta desafección no tiene que ver (o no solo tiene que ver) con un problema en los mecanismos con que el ciudadano cuenta para la constitución de la representación política sino más bien con los mecanismos de generación de la oferta política, lo que redunda fuertemente en la calidad de la relación política representativa. En otras palabras, la crisis de participación, que no hace otra cosa que expresar una crisis de representación, no tiene que ver con el derecho a sufragio, sino con el derecho a ser elegido.
El derecho a sufragio y el derecho a ser elegido pueden analizarse desde un punto de vista formalista o pueden ser analizados desde una perspectiva sensible a la importancia y complejidad de las circunstancias políticas que les rodean. Desde la primera perspectiva, el derecho a ser elegido no es más que un derecho subjetivo individual con que cuentan los ciudadanos individualmente considerados, que los habilita, cumpliendo una serie de requisitos, para inscribir su nombre en la papeleta de votación y ser de esta manera destinatarios del derecho a sufragio de todas aquellas personas habilitadas para sufragar. Por otro lado, desde una perspectiva, insisto, sensible a lo que hace el derecho a ser elegido realmente importante, este derecho puede y debe ser entendido como un expediente que permite a la ciudadanía elegir entre diferentes proyectos políticos. Es, y esto es algo importante de recalcar, un derecho que es establecido en beneficio de la ciudadanía toda y no en beneficio de su titular (el candidato). Que todos los ciudadanos seamos titulares del derecho a ser elegidos, significa, desde esta perspectiva, que todos los proyectos políticos existentes y por existir son considerados como poseedores de un igual valor y deben tener, por tanto, una igual oportunidad de participar en la competencia democrática por el poder político.
Desde una mirada que adopta esta segunda perspectiva, puede evidenciarse que la principal causa de la baja participación en estas y en todas las elecciones no es el derecho a sufragio, y su carácter voluntario, y que la solución a ese identificado problema no es, como se nos quiere hacer creer, la reposición del voto obligatorio. Si hay una causa relevante de la baja participación electoral es la inadecuada configuración del derecho a ser elegido. Los problemas que afectan a este último no pueden terminar de enumerarse, pero incluyen, sin duda, la dificultad que enfrentan los partidos en formación para su legalización; el acceso desigual y fraudulento al financiamiento público y privado que beneficia a los partidos que integran el establishment político; o los todavía perversos efectos de un sistema electoral diseñado para la preservación de un modelo de representación político centralistas, machista, elitista, conservador, y en general, excluyente. Cuando algunos de estos problemas que afectan al derecho a ser elegido reciban la atención que merecen, lo que por supuesto no hará el establishment político que entendió la falta de participación en las primarias municipales en la clave de una amenaza a la preservación de su posición hegemónica, es que se podría esperar que los niveles de participación en las elecciones mejoraran, no antes.
Profesor del Instituto Derecho Público - UACh
- Creado el
