Académicos debatieron sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica a personas con discapacidad mental

Expusieron Dr. Juan Andrés Varas, de la Universidad Austral de Chile; Dra. Daniela Jarufe, de la Universidad Católica del Maule y Dr. Pablo Marshall, Universidad Austral de Chile.

En el marco del proyecto Fondecyt Regular 1190434 “El ejercicio de derechos fundamentales por las personas con discapacidad mental en Chile desde la perspectiva de derechos humanos”, cuyo investigador es el profesor Dr. Pablo Marshall Barberán, el viernes 18 de octubre, en el Salón de Plenarios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh, Campus Isla Teja, se realizó el Coloquio “Reconocimiento de la Capacidad Jurídica a Personas con Discapacidad Mental:  Proyecto de Ley que modifica el Código Civil”. 

En la ocasión, expusieron los académicos Dr. Juan Andrés Varas, de la Universidad Austral de Chile;  Dra. Daniela Jarufe, Universidad Católica del Maule y Dr. Pablo Marshall, Universidad Austral de Chile. 

El académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, Pablo Marshall se adjudicó fondos para desarrollar su investigación en el concurso Fondecyt Regular 2019, cuya investigación se traslapa con el Fondecyt de la Dra. Daniela Jarufe sobre “Insuficiencia del sistema dicotómico de capacidad versus incapacidad en el ordenamiento jurídico nacional”. 

El proyecto del profesor Marshall busca analizar, de manera crítica, la regulación del ejercicio de derechos fundamentales de las personas con discapacidad mental en el sistema jurídico chileno desde una perspectiva de derechos humanos. “El coloquio nace en torno al actual proyecto de ley (presentado por el diputado Luciano Cruz-Coke), y que busca defender la capacidad jurídica plena de personas con discapacidad”, comentó el académico. 

La moción procura modificar la Constitución, Código Civil, Código de Comercio, el Código Sanitario, la ley de inclusión social, ley de votaciones, y ley de matrimonio civil, con el fin de modernizarlos acorde con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual de Naciones Unidas, firmada por Chile en 2008.  “Este proyecto está inspirado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en especial en su artículo 12, probablemente el artículo más central y que básicamente hace 4 cosas:  primero reafirma que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica; dos, se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida; tres, se establece la obligación de los Estados de proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que sea preciso para el ejercicio de su capacidad jurídica; y,  cuatro, se describen las salvaguardias con que debe contar un sistema de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica”, explicó el Prof. Marshall.

El Dr. Juan Andrés Varas, subrayó en ciertos aspectos de la iniciativa como, “el otorgamiento de plena capacidad contractual patrimonial; en la plena capacidad en materia de responsabilidad extracontractual y, en que el proyecto no innova en materia de responsabilidad penal (…), en el Código Civil podemos mejorar muchas cosas de la regulación; en materia de apoyo y de asistencia se puede avanzar mucho, pero se debe arreglar solo lo que se necesita mejorar y cualquier corrección tiene que ir por un camino que no rebaje los niveles de protección; sin embargo, las buenas intenciones requieren siempre de un sustrato técnico para no terminar traicionando el buen fin que persigue”. 

En la ocasión, la profesora Jarufe afirmó que Chile está en deuda en materia de discapacidad, y que tanto las observaciones del Comité de las Naciones Unidas como la realidad mundial actual en materia de discapacidad, ponen en evidencia la necesidad de un cambio.   “La idea central del proyecto me parece buena, la intensión es buena, quizás el detalle no ha sido lo suficientemente riguroso.  Toda modificación en este sentido debe albergar tres objetivos fundamentales: la promoción de la autodeterminación y autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad, siempre que sea posible; su protección a través de salvaguardias efectivas que impidan los abusos; y la protección de los terceros a fin de mantener la coherencia del sistema y resguardar la certeza jurídica, aspecto fundamental para la libre circulación de los bienes”, enfatizó la Dra. Jarufe.

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