CONTRIBU(SII)ONES
Columna de opinión escrita por el académico de la Escuela de Derecho UACh Puerto Montt, Mg. Andrés Javier Olave Echenique.
El Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, fue denunciado por no pago de impuesto territorial durante al menos nueve años, por un inmueble de su propiedad ubicado en la comuna de Paine.
De acuerdo con el reportaje de 24 horas (TVN), no se encontraría regularizada. Según el informe periodístico, en el terreno existe una casa de 213 M2, que cuenta con dos construcciones, además de una piscina, que no fueron regularizadas en la Dirección de Obras Municipales (DOM) respectiva.
El argumento del Director del SII es que durante años ha intentado sin éxito regularizar su situación, habiendo hecho “múltiples esfuerzos por inscribir la casa”, y que “si uno quisiera pedir todos los permisos antes de construir o de ampliar, no podría hacerlo”.
Durante los últimos meses se ha criticado desde diversos sectores políticos y económicos el proceso de avalúo y reavalúo de bienes raíces que el SII lleva a cabo, ligadas principalmente a la transparencia de sus cálculos, y a una serie de prácticas contrarias a derecho. El argumento del Director se basó, principalmente, en que el 79% de las viviendas en Chile se encontrarían exentas del pago de contribuciones, siendo únicamente el 20% más rico del país el que reclama.
De acuerdo con información obtenida a través del Portal de Transparencia del SII, el Director obtuvo remuneraciones ascendientes a $11.463.251 durante el mes de junio de 2025, siendo parte del 1% más rico de nuestro país, y líder el organismo que determina el avalúo fiscal de todos los bienes raíces en territorio nacional. Hubiera sido de esperar, que instruya directamente a los funcionarios respectivos a fin de regularizar su situación tributaria, que nada tiene que ver con la normativa municipal.
Sin embargo, sus explicaciones no hacen más que agravar la situación. En efecto, para la determinación del impuesto territorial, no es un requisito que el inmueble se encuentre con todas y cada una de las autorizaciones sectoriales que implica su existencia, pudiendo el Servicio de Impuestos Internos tasar sin importar si la propiedad se encuentra regularizada o no.
Esta ausencia de actualización del valor catastral no es menor, dado que el avalúo fiscal de la propiedad pasó de ser de 158MM$ a 338MM$, aproximadamente. Es decir, su para efectos de pago de impuesto territorial ascendía al 46,74% del valor real (en cuanto avalúo fiscal se refiere). Para efectos prácticos, y considerando el impuesto que se dejó de percibir en arcas fiscales, este ascendería a 14MM$ por los últimos nueve años. Para entender la magnitud de lo que esto implica, dejó de pagar en nueve años, lo que percibe en un mes y una semana por remuneraciones en el mismo ente fiscalizador.
La comunidad jurídica estará expectante respecto de lo que implica esta situación a nivel político y jurídico, dado que de todas maneras existiría una responsabilidad política para el Director del SII, y responsabilidades internas dentro del mismo organismo relacionadas a la falta de actualización del catastro de bienes raíces en el sector, más si se considera la tecnología con que opera en los procesos de avalúo y reavalúo. No puede ser posible en un Estado Democrático que exista un temor fundado de adultos mayores de perder sus viviendas por un alza constante en los avalúos fiscales, cuando sus pensiones promedio son menores a lo que percibe don Javier Etcheberry en un día.
Recordemos que las autoridades tienen un deber reforzado de respeto y cumplimiento de las normas. Esto implica no solo acatar las leyes y regulaciones, sino también actuar con transparencia, probidad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Su posición de poder conlleva una mayor responsabilidad en la observancia del Estado de Derecho.
Mg. Andrés Javier Olave Echenique
Abogado. Profesor de Derecho Tributario y de Impuesto a la Renta e IVA, Escuela de Derecho UACh Puerto Montt
